El principio de libre competencia se establece en la
Constitución Española1,
en su artículo 38 al reconocer “la libertad de empresa en el marco de
la economía de mercado” y es uno
de los principios centrales que proporcionan el marco jurídico necesario para
asegurar que el orden económico funcione. Además, en la legislación en
la materia de defensa de la competencia tiene un gran peso el Derecho
comunitario2.
En origen a través de los artículos 81 y 82 del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea3,
que después han sido desarrollados con mayor precisión por el Reglamento 1/2003
del Consejo4
y por el Reglamento 773/2004 de la Comisión5,
versando sobre las normas de competencia y sus procedimientos.

En términos estatales, el marco jurídico vigente es la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia6
(que sustituyó a la anterior Ley 16/1989). Dicha ley busca proteger
directamente al mercado frente a conductas que puedan impedir que exista una
competencia justa y suficiente. Sin embargo este derecho no se limita solamente
al ámbito estatal, ya que de acuerdo con la
Sentencia 208/1999 de 11 de noviembre del Tribunal Constitucional, se determinó
que la defensa de la competencia no era una materia de competencia exclusiva
del estado en todas sus dimensiones, y que las Comunidades Autónomas pueden
también contar con ciertas competencias dentro de sus territorios en el plano
de la ejecución, y por tanto no normativas. Significa entonces que corresponde
a los órganos autonómicos competentes conocer de las prácticas prohibidas por
la normativa estatal que afecten a su ámbito territorial en exclusiva.

Debido al principio de primacía del Derecho comunitario, si
existe normativa estatal contraria a las disposiciones comunitarias esta nunca
podría aplicarse. La aplicación de este principio supone que siempre se
produciría un desplazamiento de la norma estatal en caso de que exista
contradicción entre las normas. Pero en el ámbito estatal español se ha
producido una aproximación casi exacta al Derecho comunitario. La normativa que
se ha dictado hasta la fecha en materia de defensa de la competencia ha asumido
todos los principios del Tratado de la Comunidad Europea y por tanto incluye
casi de igual modo todas las conductas y prácticas que están prohibidas en el
ámbito comunitario.

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